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Barcelona acelera hacia el cambio de modelo energético

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Publicado en El Salto, el 7 de octubre de 2019

Primero fueron las oficinas municipales, las bibliotecas y los polideportivos públicos. Luego, los hogares. Y en breve, los comercios de Barcelona y su área metropolitana también podrán comprar la electricidad a Barcelona Energia (BE), la comercializadora pública del ayuntamiento de la ciudad. Como toda su oferta, será energía 100 % renovable y certificada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con una tarifa transparente que incentive la eficiencia de uso —de aquí a 2030, se estima que en el área metropolitana de Barcelona, el sector que más incrementará su consumo eléctrico será el comercial, debido al aumento de la demanda de refrigeración—.

Y antes de lanzar este nuevo producto, BE lo someterá a la opinión de la Comisión Permanente de su Consejo de Personas Usuarias, un órgano asesor con participación activa, aunque no vinculante, en la toma de decisiones del operador energético municipal.

“Una comercializadora pública debe ser una herramienta útil para acelerar el cambio de modelo energético desde las ciudades. Y hacerlo desde una lógica de servicio público, de bien común”, señala Lourdes Berdié, química especializada en medio ambiente y portavoz de la Red por la Soberanía Energética (XSE).

Con esa misión, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha en julio de 2018 BE, la comercializadora de electricidad pública más grande de España: contribuir a la transición del modelo energético sostenible potenciando el autoconsumo, la energía 100% renovable, un servicio de proximidad y la garantía de suministro.

Por un lado, tener una comercializadora propia posibilita a la municipalidad gestionar directamente el contrato eléctrico de la propia administración: “Mejoramos el servicio público de compra eléctrica”, apunta Eloi Badía, concejal de Presidencia y Energía del Ayuntamiento de Barcelona. “Esto nos permite desprendernos del oligopolio eléctrico. Nos da un punto de soberanía”, insiste.

Así las cosas, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau ya no tiene que sacar a concurso el suministro del consistorio, cuyo último litigio terminó en los tribunales.

En total, el importe del contrato eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona se sitúa en los 30 millones de euros anuales. Según fuentes oficiales, la desconexión de las grandes operadoras comportará un ahorro mínimo a las arcas públicas de unos 710.000 euros al año.

“De inicio, supone arrancar al oligopolio una cuota importante del mercado, todo el consumo de las instalaciones municipales. Es un golpe importante. Comienza el camino hacia el control social y público de la energía”, señala Maria Campuzano, miembro de Ingeniería Sin Fronteras.

Gestionada por TERSA, la empresa pública de servicios medioambientales del consistorio, BE permite el autoabastecimiento de los equipamientos públicos. Actualmente, suministra electricidad a unos 3.900 puntos propios de consumo entre oficinas, equipamientos y viviendas municipales; puntos de luz, agua y zonas verdes; semáforos; mercados; centros deportivos, y cerca de una docena de cementerios. Y desde enero de 2019 también ofrece sus servicios a hogares de la ciudad y el área metropolitana. En cinco meses, ha alcanzado las mil personas usuarias. “Una vez tienes la entidad —conviene Badía— se trata de incentivar las renovables y el autoconsumo”.

“Podemos representar la energía que generamos nosotros y la que genera cualquier usuario de la ciudad, asesorar en proyectos de autoconsumo y ayudar al ciudadano en la venta de excedentes, que con las trabas jurídico-administrativas que hay, es casi imposible para un particular”, cuenta el concejal de Presidencia y Energía del Ayuntamiento de Barcelona. Ahora mismo, BE gestiona 3,1 MWp generados por la instalación de placas fotovoltaicas a nivel municipal. Y 12 MWp a nivel privado.

“El caso de Barcelona Energía es un ejemplo de interés para impulsar procesos de municipalización o remunicipalización de servicios energéticos”, destaca Marta Garcia, CEO de la consultora estratégica y de innovación especializada en energía Ecoservei. “La comercializadora por sí sola sólo tiene sentido si sirve de herramienta para impulsar la generación renovable local. El valor añadido es convertirse en un agente de transformación energética en el municipio y este es su reto principal”, añade.

De hecho, la generación de energía propia ha suscitado una de las mayores controversias en torno a BE, ya que el 80% de la energía que genera la municipalidad proviene de una incineradora de residuos —la incineradora de Sant Adrià—, una electricidad que los grupos ecologistas no califican como “verde”.

“Si tenemos una incineradora es porque no tenemos una buena política de residuos”, admite Badía. “Lo que hacemos es vender esa energía directamente nosotros, pero no la certificamos como energía renovable. No queremos teñirla de verde”, añade. Y en cuanto a la energía que suministra BE, prosigue: “Compramos energía renovable con certificado de origen, que tampoco venga de la incineración. No queremos camuflar incineración como energía verde. La nuestra es 100% renovable”.

Desde enero, Barcelona Energia ofrece sus servicios a los hogares de la ciudad —1.620.000 habitantes en 2017, según el Instituto Nacional de Estadística— y su área metropolitana —4.790.000—.

Los usuarios de la comercializadora municipal valoran que “sea energía renovable, verde”, explica la artista Irene Visa, a los pocos días de darse de alta como usuaria de BE. “Mi anterior comercializadora siempre me cobraba de más. Luego me lo devolvían, pero las cosas no se hacen así”, cincide Lourdes Blesa, otra usuaria de BE, cuestionada sobre por qué se sumó a este proyecto.

En España, las cinco grandes eléctricas —Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo— han perdido un 20% de clientes en cuatro años (de 2014 a 2018). Y en el cuarto trimestre de 2018, la electricidad repitió como el servicio que más descontento genera entre las personas usuarias, según los resultados del Panel de Hogares de la CNMC. “Además, la propuesta de cobro de BE es innovadora y más equitativa”, apunta Campuzano. “El cobro vía tramos, como ocurre con la tarifa del agua, es muy interesante”, añade.

La comercializadora municipal ha logrado atraer a mil de esos usuarios descontentos, lejos aún de los 20.000 a los que, ahora mismo, podría dar servicio. Badía reconoce que políticamente esperaban una “mayor” respuesta ciudadana. “Aun así, hablando con empresas del sector, nos dicen que estamos en los números normales. Tenemos unas 500 comercializadoras, es un sector consolidado”, concluye.

Participación de la sociedad civil

El consistorio barcelonés también decidió intervenir en la comercialización de la energía “para poder hacer una política con otros valores y otros principios”, asegura Badía. “No tanto porque seamos capaces de dar un precio más barato, porque la tarifa española está muy regulada por peajes, si no por las garantías de suministro de servicio”, explica.

La cifra de barceloneses que sufre pobreza energética se sitúa ya en un 10,6%, a pesar de que en Cataluña, gracias a una Iniciativa Legislativa Popular, la regulación es más garantista que en el resto del Estado Español. “La energía ha pasado de ser un servicio público a una mercancía que sólo si puedes pagarla tienes acceso”, lamenta el concejal.

En este sentido, de momento, poco puede hacer el operador público. “Con las actuales reglas del juego, la comercializadora municipal no puede dar respuesta a la pobreza”, recuerda Maria Campuzano, de Ingeniería sin Fronteras. Y es que el llamado Bono Social de ayuda a las familias más vulnerables de España deben de asumirlo las cinco eléctricas de referencia. “El control del modelo sigue siendo del oligopolio”, lamenta Campuzano. “Por eso, desde los movimientos sociales pedimos que se vaya a más, que el Ayuntamiento inste al estado a cambiar las reglas del juego”, urge pensando en el control de la distribución que ahora está en manos de las grandes eléctricas.

Los movimientos sociales también reivindican que la Comisión Permanente del Consejo de Personas Usuarias de BE, entendida como una órgano asesor que participa de forma activa en la toma de decisiones de la compañía, pase a tener una participación vinculante. “BE energía es innovadora en el punto que ha creado este órgano de participación”, celebra Lourdes Berdié, portavoz de la Red por la Soberanía Energética —junto con la Alianza Contra la Pobreza Energética han solicitado tener representación en la Comisión permanente del consejo de personas usuarias de BE—. Y explica: “Nosotros lo que querríamos es que el gobierno de la empresa no dependiera sólo del Consejo de Administración de TERSA o del consistorio de turno, que aumentara la democracia interna de la compañía y que la ciudadanía pudiera decidir hacia dónde va la empresa”.

Tenso compás de espera en Continental entre el miedo y la rabia

Actualitat

Publicado en El País, el 1 de febrero de 2020

Concluida una larga jornada de huelga, las gafas de sol ocultaban el pasado 15 de enero las lágrimas de algunos trabajadores de las dos plantas que la multinacional alemana de componentes de la automoción, Continental Automative, tiene en Rubí (Barcelona). “Llevamos dos meses de muchos nervios, crispación e incertidumbre. En la fábrica, el ambiente se corta con un cuchillo”, reconoce Sergio Gabas, ingeniero de procesos de la compañía.

El 20 de noviembre, Continental presentaba un plan global a diez años que incluía el cierre de dos de sus plantas (una en Alemania y otra en Estados Unidos), la reducción de la producción de otras tres y el consiguiente recorte de miles de empleos. La planta de Rubí quedaba entonces en el limbo. La multinacional alemana consideraba su producción desfasada para la nueva era del coche eléctrico y se comprometió a buscar una salida, que incluía la posible venta de las instalaciones. El 22 de enero, la compañía anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) para parte de los 760 trabajadores de las plantas vallesanas. El ERE quedó, finalmente, paralizado al día siguiente tras la mediación de la Generalitat. Ahora, en Rubí, todos viven pendientes de la reunión convocada para el lunes, 3 de febrero, por el departamento de Trabajo de la Generalitat, en la que se encontrarán los representantes de la empresa y los de los trabajadores. “Por la planta corren 700 versiones de lo que puede ocurrir”, señala Gabas.

“Tras el shock inicial, porque nadie se esperaba el anuncio de cierre, nuestro deber es buscar las mejores opciones para la plantilla: un buen plan de recolocación o de reindustrialización si alguien compra la planta, prejubilaciones negociadas si hace falta y, también, salidas voluntarias con condiciones”, señala Nuria Requena, presidenta del comité de empresa.

Aunque los tres sindicatos representados en Rubí (UGT, CC OO y FTC-IAC) mantienen cierta unidad ante el conflicto laboral, la Intersindical recela de la reindustrialización de la planta y recordaba, en un comunicado, el caso de Valeo, en Martorelles (Barcelona), en el que el proceso de reindustrialización llevó a la plantilla a renunciar a las indemnizaciones y, luego, vio cómo el nuevo operador, Class Plastics, rebajaba sus condiciones laborales.

La edad media de los trabajadores de Continental Rubí ronda los 45 años, con un histórico de 20 años en la empresa. Un 85% de la plantilla son mujeres —“se ha demostrado que funcionamos mejor para la producción del tipo de piezas que tocamos”, asegura Requena—, como las tres representantes sindicales: la propia Requena (UGT), Montse Malé (CC OO) y Mari Carmen Vilà (FTC).

Tiempos mejores

Continental era una “muy buena empresa donde trabajar”, coinciden los empleados con los que ha podido hablar este diario. “Ni notamos la crisis. Por esa época incluso se ampliaron nuevas líneas”, apunta Gabas, de 49 años y 25 de antigüedad en la compañía. “Siempre hemos tenido buenas condiciones y buen sueldo”, añade Javier García, de 45 años y empleado en el área de logística desde hace 14. Su pareja también trabaja en Continental Rubí, un caso que se repite en la planta. “Para nosotros la situación es muy difícil porque, además, nos llevamos la tensión a casa. Yo lo veo de una manera, porque soy más impulsivo, y ella de otra, porque es más tranquila. Nos cuesta conciliar el sueño. Es una situación que nadie esperaba, nos ha caído como un jarro de agua fría”, insiste García.

La multinacional, con decenas de fábricas por el mundo, facturó en el tercer trimestre del año pasado 33.414 millones de euros, pero perdió 926 millones. Ese es el dato que está detrás del plan de recortes, además del nuevo contexto que rodea al sector del automóvil: la electrificación y un incremento de la digitalización para el que la producción de Rubí no estaría preparada, según la multinacional.

Centrada en la producción de tableros analógicos para automóviles, Rubí ha fabricado para casi todos los grandes de la industria de la automoción, sobre todo, para el grupo Volkswagen (incluyendo Seat y, de manera residual, Skoda), BMW, el grupo PSA y también para la italiana Fiat.

Inmersa en un gran plan de reestructuración, la empresa considera que las instalaciones, “con su actual cartera de productos y configuración, ya no son rentables, ni se han podido hallar productos alternativos en la cartera de la compañía para sustituir la producción actual”. En un momento especialmente crítico de las negociaciones sobre el futuro de las plantas catalanas, desde la multinacional declinan hacer declaraciones y remiten su versión a varios comunicados. Curiosamente, el último post que aparece en el blog de su página web lleva el título El tablero, una cosa del pasado. “Es lo que hacemos nosotros en Rubí”, conviene Gabas; “yo estoy en el equipo que monta el circuito electrónico que hay detrás del cuentakilómetros, pero para el futuro, con el coche eléctrico, todos esos componentes serán nuevos, digitales, sobre todo, para el mercado de Europa”, detalla.

Continental, con sus 760 empleados, es, tras B. Braun Medical, la segunda mayor empresa de Rubí, una ciudad en la que el 40% de su población vive de la actividad industrial, a pesar de que entre 2008 y 2013 perdió más de 450 empresas, según el Instituto Nacional de Estadística.

Además de la situación de incertidumbre de Continental, la comarca se ha enfrentado recientemente a los ERE de Te Connectivity (automoción), General Cable (cables para líneas eléctricas) y Huayi Compresor (compresores herméticos). En Continental, buena parte de la plantilla suspira por la reindustrialización de las plantas. “Me gustaría quedarme, pero si no, tocará ponerse la mochila y buscar alternativas en otro lugar”, asegura Sergio Gabas, padre de dos hijos. “Para mí, la mejor solución es que en los próximos días haya un acercamiento de empresas interesadas en la reindustrialización. Con mi edad, estás en tierra de nadie, y los que vienen por debajo son gente mucho más preparada que nosotros. ¿A dónde vamos a ir?”, concluye García.

“Continental debe asumir su responsabilidad; esta plantilla es un ejemplo y no ha parado de trabajar desde el primer día”, zanja Nuria Requena. Hace apenas unos meses, un informe elaborado conjuntamente por Sernauto y McKinsey alertaba de que los proveedores de componentes del automóvil auguraban, a corto plazo, el estancamiento o la caída de beneficios de la mayoría del sector. Entre otras cosas, porque los coches eléctricos requieren menos componentes, por lo que la industria está convencida de que el nuevo escenario marcará una reducción de la mano de obra. Según el estudio, junto a Continental, grandes proveedores de la automoción, como Lear, Shaeffler, Magma o Valeo, ya acumulan varias advertencias sobre beneficios, un aviso a los inversores de que los resultados serán menores que los previstos inicialmente. Entre las diez compañías seleccionadas en el estudio, solo una, la española Gestamp, se libraba de esta tendencia.